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García Arocha: "La universidad jamás estará al servicio de gobierno alguno”

Las universidades del país plantaron cara a la asamblea nacional constituyente. Al menos las 18 casas de estudio que están representadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, que fueron las que se negaron a dar las listas de sus estudiantes al CNE para que se pudiera sectorizar el voto.

Aún no se había enfriado esta controversia cuando José Virtuoso (Universidad Católica Andrés Bello), Benjamín Scharifker (Universidad Metropolitana), Raúl López (Universidad Pedagógica Experimental Libertador), Jessy Divo (Universidad de Carabobo) y Cecilia García Arocha (Universidad Central de Venezuela) formaron la comisión –con el respaldo de Asoveru– que garantizará la transparencia de los resultados de la consulta popular que se hará el domingo.

La UCV, además, negó la tinta indeleble para los comicios de la ANC e impidió la contratación del Centro Ciomma –de la Facultad de Ciencias– por parte del CNE para la ejecución de la auditoría por considerar este proceso inconstitucional.

“¿Por qué convocarla? ¿Cuál es el sentido? ¿Es perpetuarse en el poder y cambiar la democracia por una figura que el venezolano rechazó desde el 23 de enero de 1958? Creo que en manos de los que dirigen circunstancialmente el país debe estar la claridad de lo que no deben hacer”, afirma de manera enfática García Arocha.

—A días de la consulta nacional y dos semanas de las elecciones de constituyentes, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted de la situación?

—Hay que comenzar diciendo que la convocatoria a la asamblea nacional constituyente es inconstitucional y por lo tanto la universidad venezolana no puede apoyarla. Eso tal vez explica un poco la decisión de la Facultad de Ciencias de no contratar con el CNE para hacer la tinta indeleble. Es un proceso cuya convocatoria para la propia facultad, en su mayoría, es inconstitucional. Donde existan los visos de inconstitucionalidad la universidad venezolana no puede estar. La universidad venezolana aceptó la designación, hecha desde de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, en la que están representadas Caracas con la UCV, la UCAB y la Unimet; y las regiones con la Universidad de Carabobo y la UPEL, que está repartida en todo el país.

—¿Por qué se escogen estos cinco rectores como garantes?

—Es una comisión para que la ciudadanía tenga la absoluta seguridad de que daremos los escrutinios ajustados a la expresión de la voluntad popular, en la consulta convocada por la Asamblea Nacional. El Parlamento puede, en el marco legal, convocar al pueblo venezolano para una consulta que tiene injerencia en los problemas nacionales. Aceptamos basados en que hay un blindaje legal, estudiado por una comisión de expertos y porque hay garantía de que se respetará la decisión ciudadana.

—¿Cuál será la logística del escrutinio?

Hemos tenido varias reuniones para definirla pero todavía se mantiene reservada. Hoy en la tarde volveremos a conversar para establecer todos los puntos.

—¿A qué hora se emitirán los primeros resultados de consulta popular?

Todos coincidimos en que nos dirigiremos al país cada dos o tres horas para brindar tranquilidad a la ciudadanía sobre cómo va el proceso. Pero en la medida en la que tengamos resultados parciales los iremos informando, porque de esa manera rompemos también el paradigma del CNE que, a las 5:00 de la mañana y con toda la automatización, no dice nada a tiempo. Esperamos que tengamos la posibilidad de informar, de estar en contacto con el país, todo el tiempo que sea necesario. Aunque a las 4:00 pm es el cierre del proceso, si hay personas en cola hay que esperar que ejerzan su derecho por eso hay que cuidarnos de no influir en la intención de voto. Sin embargo, siempre informaremos sobre la cantidad de centro que ya cerraron, la cantidad de actas que se hayan recibido, las irregularidades detectadas.

—¿No hay preocupación por el ensañamiento del gobierno en contra de las universidades por su participación en esta consulta?

—Sí, y lo que más nos preocupa son los robos y los ataques a la propiedad. Por ejemplo, el acoso al Jardín Botánico ha sido permanente. Les hemos recomendado que contrate seguridad privada. En este caso, la UCV no tiene cómo asignar vigilantes. Nuestros funcionarios solo tienen la palabra como arma y eso funcionó en un país donde la seguridad ciudadana estaba garantizada. Pero al no haber seguridad afuera ha habido ensañamiento en contra del Jardín Botánico, del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, del Instituto de Anatomía Patológica, del Instituto de Medicina Tropical… Y esta es la Ciudad Universitaria de Caracas, un patrimonio que tiene que estar preservado. Hoy vemos con absoluta preocupación situaciones lamentables como la del martes, cuando apareció el cadáver de la profesora Aura Solís en los jardines del Instituto Anatomopatológico.

—Pero al margen de los robos, el ensañamiento del gobierno en contra de las universidades públicas se ha evidenciado en las asignaciones presupuestarias.

—Sí, el tema presupuestario ha sido la tragedia de las universidades. Por razones que todo el mundo conoce, una decisión del TSJ obligó a los rectores a permanecer en sus cargos hasta tanto se realicen las elecciones. A pesar de que estos procesos han sido convocados por las comisiones electorales de las diferentes casas de estudio, estas han sido suspendidas. Mientras hemos estado aquí, y lo puedo decir con propiedad porque ya tengo 9 años, hemos vivido el recorte presupuestario y la perversión de los créditos adicionales. Asignan un presupuesto de 38% de lo que solicitamos y 80% de ese monto es para pagar sueldos. ¿Qué queda para funcionar, para la investigación, para el comedor, para el bienestar estudiantil, para la seguridad? Solo 20% que se divide entre los gastos de funcionamiento y las actividades estudiantiles. A final de año es cuando otorgan los créditos adicionales, pero un país, una institución, un hogar no se planifica así. Considero que es una falta de respeto cuando se consignan los recursos un 31 de diciembre solo para decir “la universidad tenía ahí sus recursos que no invirtió, no hizo nada”. El venezolano honorable, decente, que quiere instruirse, no cree en mentiras de este tipo que afectan el funcionamiento de una institución que es plural, democrática, que recibe a todo el mundo.

—De instalarse la asamblea nacional constituyente, ¿qué pasaría con las universidades venezolanas?

—Tengo la esperanza de que no ocurra. No puede suceder. Como venezolanos tenemos que apelar a las distintas acciones, como la consulta popular, porque todo suma y se orienta no solamente a que se suspenda la convocatoria inconstitucional de la ANC, sino a que el país entre en un florecimiento, un crecimiento en salud, en educación, en seguridad, en equidad, en oportunidades, en todos los elementos que Venezuela necesita. No se trata de pedir nada más la suspensión de una convocatoria ilegal. Esa asamblea no va a resolver los problemas del país. Con esa ANC no va a aparecer la comida, tampoco las medicinas, ni te van a dar seguridad ni paz ni oportunidades, ni los salarios mejorarán. Entonces ¿por qué convocarla? ¿Cuál es el sentido? ¿Es perpetuarse en el poder y cambiar la democracia por una figura que el venezolano rechazó desde el 23 de Enero de 1958? Creo que en manos de los que dirigen circunstancialmente el país debe estar la claridad de lo que no deben hacer.

—Pero esa instalación no es una posibilidad del todo negada.

—Si eso sucede, yo invito a los venezolanos a que, en paz, enfrentemos la situación y utilicemos todos los medios para retomar, continuar y defender la democracia. Hay que hacer todo el esfuerzo porque el país tampoco se va a acabar el 30 de julio, va a continuar y quienes creemos en cosas diferentes vamos a estar aquí. Hay que defender todos juntos, en paz, el sentido y el sentimiento democrático del país.

—¿Qué papel tendría la academia en la reconstrucción del país?

—La universidad siempre ha estado al servicio del país. Cinco rectores de la Averu, que representa a 18 universidades, fueron seleccionados para ser garantes del escrutinio del proceso del domingo. No tengo la menor duda de que la universidad contribuirá enormemente a todo lo que tenga que hacer para mantener la democracia, el rescate de los valores. Yo sigo llamando a la honorabilidad del venezolano, que no tiene que ser mentiroso, ni tramposo ni maula. La universidad continúa y continuará en la promoción de los valores de cultura de paz, de libertad, de democracia, pluralidad y autonomía; siempre jugará al favor del país. La universidad venezolana jamás ha estado, ni está ni estará al servicio de gobierno alguno. Como instituciones plurales tenemos que defender la diversidad y estar al servicio del país. Así como el 16 de julio trabajaremos con transparencia, de la misma manera estaremos en todo lo que tiene que conducir a una transición en un país democrático, que a gritos le pide a los gobernantes que cesen la violencia, la represión, los asesinatos que ha visto el mundo.

—¿El Centro Ciomma, de la Escuela de Computación, hará la auditoría de la ANC de manera inconsulta con las autoridades universitarias?

—El Centro Ciomma es un instituto plural que pertenece a la Facultad de Ciencias, la misma que hace la tinta indeleble para los comicios. A su nómina pertenecen profesores de distintas tendencias políticas. Así como la Facultad de Ciencias se negó a fabricar la tinta para estas elecciones, un grupo de docentes afectos al oficialismo decidió hacer la auditoría de ese proceso convocado de manera inconstitucional. El Centro Ciomma dicta cursos y trataron de vender ese servicio, pero no se puede cambiar la razón de la empresa porque usted sea afecto o no al gobierno. Entonces, la Fundación UCV, dirigida por el profesor Francisco Bechara Castellanos, conversó con el presidente de la empresa y les aclaró que eso no se podía hacer.

—¿Cuándo se harán elecciones para renovar las autoridades universitarias?

—Hace 8 años introdujimos un recurso ante el TSJ, que fue admitido pero no respondido. Observamos como venezolanos que hay situaciones en las que se solicita un recurso, se admite y se contesta instantáneamente. En esa y otras oportunidades la Averu ha solicitado la liberación de esa decisión. La universidad tiene una ley que la rige, que va apareada con la Constitución. No puede haber nada ni nadie por encima de eso. No puede haber una ley que diga cómo deben ser las elecciones de uno a uno, de toda la comunidad, cuando aquí existe un reglamento que las determina. ¿Que se habla de amplitud? ¡Cómo no! Revisen cómo votan en Madrid o en la Universidad Nacional Autónoma de México, todas tienen una participación porcentual como la tenemos nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con que escojamos porcentajes de nuestros trabajadores, pero esta es una institución académica y debe ser regida por académicos. Yo creo en la proporcionalidad. Se han corregido factores negativos en las elecciones de los estudiantes. Hay múltiples propuestas de participación, pero el porcentaje mayor tiene que estar en manos de los profesores porque a ellos se les exige una carrera académica que hay que cumplir. Yo creo en la proporcionalidad. Como confío en los cambios positivos del país, espero que el TSJ libere esa decisión, invite a las universidades a ponerse a derecho, a las gobernaciones, a las alcaldías. Tendremos también un TSJ y un CNE ajustados a derecho.  

—¿Cuál es la posición de la Averu en torno al nombramiento de Luis Holder como vicerrector de la USB por parte del CNU?

—Respaldamos a la Universidad Simón Bolívar en todas las acciones que tenga a bien realizar. La Averu desconoce la decisión del CNU y solo reconoce y ratifica la designación del profesor Oscar Gonzáles por parte del consejo directivo de esa casa de estudios. La designación de Luis Holder, quien ni siquiera es profesor de la universidad, violó y violentó la autonomía universitaria.

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